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Jan Bernhard Riggs, empresario lambayecano, quien fuera un importante exportador de café orgánico en el país, viene ejecutado una serie de maniobras hipotecarias en las que podrían haber intervenido sus familiares directos, con el propósito de evitar el pago de la reparación civil más la devolución de lo que ilícitamente se apropio, de acuerdo con la condena que le impuso la magistrada Fanny García Juárez, del vigésimo noveno juzgado penal de Lima.
Según la Dra. María del Carmen Salas Medina, abogada de las empresas agraviadas, luego de la sentencia, y con el fin de no hacer efectivo el pago al que está obligado judicialmente, el empresario pretende sorprender al juzgado, al afirmar que no tiene propiedades ni bienes que permitan su cumplimiento, y que cuenta como único ingreso la remuneración que percibe como trabajador de la empresa PRONATUR EIRL. “En los Registros Públicos se ha podido constatar que Bernhard Riggs cuenta hasta con cinco inmuebles que le permitirían el pago de la reparación civil más la devolución de lo estafado que asciende a más de 750 mil dólares americanos”, sostuvo Salas Medina.
Luego de más de cinco años de proceso judicial, el 28 de abril del 2008, Jan Bernhard Riggs, gerente general de PERCOF S.A.C., comercializadora de café en Chiclayo, fue condenado por la magistrada Fanny García Juárez, del vigésimo noveno juzgado penal de Lima, a cuatro años de prisión condicional por los delitos de estafa y de falsificación de documentos (hipotecas), en agravio de las empresas Sucafina S.A., y Afriproduce Ltd., así como del Notario Público Juan Sotomayor Vitella.
En el transcurso del proceso judicial, Bernhard Riggs, de manera sistemática negó todos los cargos, pero una vez efectuadas las pericias grafotécnicas, recién admitió haber fraguado las hipotecas, mandándolas a preparar a un tramitador que operaba en la ciudad de Chiclayo, obteniendo ganancias ilícitas. La sentencia condenatoria, para no convertirse en pena de cárcel efectiva, quedó sujeta al pago de la reparación civil establecida en diez mil nuevos soles por el juzgado, así como al cumplimiento de ciertas reglas entre la que se encuentra “restituir a las empresas agraviadas el monto de lo ilícitamente estafado”. El 14 de octubre del 2008, la Quinta Sala Penal Superior confirmó la sentencia que había sido apelada por Bernhard Riggs.(peruprensa)
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